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Resumen
El trabajo está orientado a determinar si el concepto de función pública es un parámetro utilizable para llevar a cabo una sistematización de aquellos delitos que implican un incorrecto desempeño de los cometidos estatales. En este sentido, plantea que la función pública admite ser considerada como objeto de tutela en un grupo importante de los delitos que contempla el Título V del Libro II del Código Penal, como así también en varios de los delitos que integran el Título IV del Libro II, del mismo Código. El trabajo postula que la noción de función pública es compatible con una concepción del derecho penal que enfatice la necesidad de vincular el objeto de tutela con la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del individuo. Plantea, asimismo, que para efectos penales la noción de función pública admite un sentido amplio que incluye tanto la actividad administrativa, como las funciones legislativa y jurisdiccional, si bien cada una de ellas presenta particularidades que hacen aconsejable determinar cómo se manifiesta el atentado contra dicho interés en los diversos delitos que integran este sector del ordenamiento penal.